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Martín Melia, el exfuncionario de Pinamar que vació el patrimonio de su expareja y no puede justificar su estilo de vida

Martín Melia enfrenta una denuncia de Marianela Beatriz, con quien compartió 15 años de relación y tres hijos. La investigación apunta a presuntas maniobras de ocultamiento de ganancias, vaciamiento de cuentas y apropiación de bienes familiares. La fiscalía también analiza posibles delitos de lavado de activos y violencia económica de género.

El escándalo que sacude al municipio de Pinamar tiene como protagonista a Martín Melia, quien aspira a desembarcar en la política local y fue imputado por estafa tras una denuncia presentada por su expareja, Marianela Beatriz, con quien compartió 15 años de relación y tuvo tres hijos.

Según la acusación, mientras ella confiaba en él, el contador habría desplegado una serie de maniobras para desplazarla del patrimonio que construyeron durante su vida en común. Entre los hechos denunciados figuran el presunto ocultamiento de ganancias, el vaciamiento de cuentas, el retiro de las llaves de los negocios compartidos y supuestos intentos de acceder sin autorización a sus cuentas personales.

Para la fiscalía, los hechos podrían encuadrarse en un contexto de violencia económica de género. Además, se investigan posibles maniobras vinculadas al lavado de dinero y activos.

En disputa se encuentra un importante patrimonio familiar que incluye la franquicia inmobiliaria RE/MAX Bosque, el exclusivo balneario La Posta del Mar, una cuenta bancaria en Estados Unidos y una propiedad de lujo en Pinamar.

Durante su declaración ante el fiscal, Melia sostuvo que Marianela nunca fue socia de los emprendimientos, sino que se desempeñaba como una empleada. Sin embargo, en la investigación aparecieron conversaciones de 2021 en las que él mismo la identificaba como «socia». Frente a esa contradicción, el contador respondió que se trataba simplemente de «una forma de hablar».

Otro de los puntos controvertidos es la adquisición del balneario La Posta del Mar, que habría sido financiada parcialmente con 140.000 dólares prestados por el padre de Marianela. Melia aseguró que esa deuda fue cancelada en su totalidad, aunque el comprobante que permitiría acreditar el pago habría sido destruido.

En relación con el funcionamiento del balneario, el propio Melia reconoció que su expareja trabajaba sin registrar por una remuneración de 5.000 dólares por temporada. Según su relato, en 2024 fue apartada de sus funciones y le reclamaron la devolución de las llaves, bajo el argumento de que recibía transferencias de clientes en su cuenta personal.

Posteriormente, le enviaron un recibo de sueldo con la intención de regularizar su situación laboral. Sobre ese episodio, Melia habría reconocido: «No tendría que haberlo hecho, me salió caro».

Pero uno de los capítulos más llamativos de la investigación gira alrededor de la compra de la vivienda familiar. El contador sostuvo que su parte de la operación fue compensada mediante otra propiedad, pero aseguró que el acuerdo se realizó de palabra, sin documentación respaldatoria y con movimientos de dólares en efectivo.

A esto se suma su reconocimiento de que la comisión inmobiliaria correspondiente a esa operación fue percibida por él y su socio, sin que el dinero fuera depositado en una cuenta bancaria.

La investigación también puso la lupa sobre una cuenta conjunta en JP Morgan Chase, en Estados Unidos, que habría tenido un saldo de 230.000 dólares. Melia reconoció que la cerró en 2024, precisamente cuando Marianela acudió a la Justicia. Su explicación fue que tomó esa decisión «para evitar problemas».

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo elementos para reconstruir el patrimonio y determinar el destino de los fondos. En ese contexto, distintos testigos habrían reconocido a Marianela como propietaria de los emprendimientos y bienes que hoy están bajo discusión.

El caso abre interrogantes sobre el patrimonio del contador y su capacidad para justificar el origen y el movimiento de los fondos involucrados. La situación adquiere una dimensión política adicional por las aspiraciones de Melia de ganar protagonismo en la escena local, en un distrito donde su figura ya quedó asociada a una denuncia de alto impacto público.

A la controversia judicial se suma otro antecedente de extrema gravedad: durante su matrimonio, Melia habría mantenido una relación con una alumna menor de edad de la institución educativa en la que trabajaba como docente. Según las denuncias y versiones vinculadas a ese episodio, tras su desvinculación de la escuela habría abierto otro espacio para continuar su vínculo con menores.

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