La Justicia determinó que las cuotas de un plan de ahorro para la compra de un 0 KM deberán reducirse un 50%, luego de un pedido hecho por la Defensoría del Pueblo bonaerense ante el aumento desmedido de los pagos que una persona damnificada debía enfrentar bajo esta modalidad.
Así lo decidió la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº19 de La Plata, María Cecilia Tanco, quien tomó esta medida al considerar el aumento exponencial en el corto plazo del valor del automóvil, el incremento del valor de las cuotas, la desigual variación en los ingresos y el peligro que significaría que el cumplimiento de los pagos no pueda realizarse sin que se desatienden necesidades básicas.

“Este caso se suma a los varios que hemos patrocinado y por los cuales la Justicia nos ha dado la razón, exigiendo limitar las cuotas a porcentajes de los salarios. En este caso, que se reduzca a la mitad las cuotas de este plan en particular tiene que ver con reconocer la irrazonabilidad de estos aumentos en un momento dramático para la economías de las familias”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En esta oportunidad, la persona damnificada había adherido a un plan de ahorro para la adjudicación de un Renault Duster. Las primeras cuotas pagadas en 2018 fueron de 3.000 pesos, pero a enero de 2021 este pago ascendió a 31.910,83 pesos. Además, el valor del auto era, a mayo de 2018, de 417.000 pesos, mientras que para enero de 2021 subió a 1.616.381,25 pesos, lo que representa un aumento del 387%.
“La pandemia generó que el adherente perdiera su fuente de ingresos, y la familia pasó a vivir con el salario de su cónyuge. El valor de la última cuota significó el 45% de este sueldo, lo que genera una situación de extrema vulnerabilidad que debe corregirse”, precisó Lorenzino.
Por otra parte, la Defensoría presentó acciones colectivas en distintos juzgados con el fin de encontrar una solución a medida en relación a los planes de ahorro.

Luego de una intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense, un fallo de la Justicia confirmó que las cuotas de un plan de ahorro para la compra de un 0 KM, no deberán superar el 20% del salario que percibe el usuario.
Así lo dispuso la Cámara II de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, que fue en línea con la sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nº18 de la capital provincial, que había sido apelada por las empresas denunciadas, FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y FCA Automóviles Argentina S.A.
El fallo de segunda instancia establece que las cuotas del plan de ahorro suscripto por el consumidor no deberán superar un 20% del salario, calculado sobre todos los conceptos que no incluya el seguro del automotor. Incluso ajusta lo dispuesto por el Juzgado, que había fijado este tope en un 30%.
Se trata de un caso que acompañó desde un comienzo el organismo que conduce Guido Lorenzino, al reconocer que el esquema de estos planes tuvieron incrementos por encima de cualquier variable económica que se tome como base de comparación.
“Son cuotas desproporcionadas en comparación de los salarios, que se apoyan en cláusulas abusivas con que las concesionarias afectan a los consumidores, que muchas veces se ven obligados a perder todo lo ahorrado”, sostuvo Lorenzino.
Además, el Defensor del Pueblo resaltó el valor de este fallo que confirma lo dispuesto en primera instancia, al entender que “la mayoría de quienes entraron en un plan de ahorra sufren de este tipo de problemas, que se agravan con la situación económica que estamos viviendo”.

Apenas un cuarto de las personas menstruantes que reconocen utilizar alternativas reutilizables, y la existencia de un amplio desconocimiento sobre los materiales con los que se fabrican los productos que utilizan y del daño que pueden provocar, son los principales resultados del informe de impacto ambiental de la Primera Encuesta sobre Gestión Menstrual realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Este estudio hecho por el organismo que conduce Guido Lorenzino en base a un cuestionario que fue respondido por casi dos mil personas, buscó determinar el grado de conocimiento sobre productos descartables y reutilizables; el uso de los mismos; el conocimiento sobre la materia prima y el impacto al medioambiente de éstos; y la opinión sobre la promoción y distribución de los reutilizables.

En primer lugar, sólo el 25% de las personas encuestadas reconocieron usar métodos reutilizables, y del 75% que se inclina por los descartables manifestaron desechar entre 4 o 5 productos al día, lo que equivale a unos 22 productos en los cinco días que dura aproximadamente el sangrado, y unos 286 productos por año (en un total de 13 ciclos).

Sin embargo, se ve un descenso en el uso de los productos descartables entre quienes tienen de 18 a 30 años, en donde el 30% se encuentra actualmente optando por alternativas sustentables.

Según la encuesta, mientras quienes eligen usar productos descartables priorizan “la facilidad” a la hora de usarlos y conseguirlos, motivos como ser más “ecológicos”, “económicos” e “higiénicos” prevalecen entre quienes eligen utilizar productos reutilizables.

Por otro lado, el informe mostró que las toallitas y los tampones son los productos más conocidos, en un 98 y 93,2% de los casos, respectivamente. Más atrás aparecen las copas menstruales, con 83,1%. Sin embargo, todavía existe un nivel considerable de desconocimiento sobre otras alternativas sustentables, como los paños absorbentes lavables (40,4%), la ropa interior absorbente (23,1%) y las esponjas marinas (4,3%).

Además, este aspecto está marcado por la edad: mientras el 46,7% de las personas menstruantes desde los 18 años conocen los productos reutilizables, este número cae al 18,9% a partir de los 50 años.

El informe también muestra que hay un gran desconocimiento sobre la materia prima y el impacto al medioambiente de los productos utilizados. El 68% reconoció saber “poco” o “nada” sobre los materiales con los que se fabrican los productos. De todas formas, al indagar según producto utilizado, hay un mayor conocimiento sobre la composición material en quienes utilizan productos reutilizables.

En esa línea, el 42% indicó conocer “poco” o “nada” sobre el impacto al medio ambiente que ocasionan los productos que utilizan. Pero, una vez más, este valor se acentúa para uno de los grupos: mientras que menos del 10% de quienes utilizan productos reutilizables reconoció saber “poco” o “nada” sobre esto, en quienes utilizan descartables este porcentaje asciende a más de la mitad (52,6%).  

“Los productos descartables demoran unos 500 años en degradarse, son utilizados alrededor de 35 años de la vida de una persona menstruante y forman parte de los residuos no reciclables ni biodegradables altamente contaminantes para nuestro medioambiente, por lo que es necesario entender el impacto que tienen y evaluar alternativas amigables con el entorno”, reconoció Lorenzino.

Por último, el trabajo también mostró que el 91% de las personas encuestadas indicó estar de acuerdo con que se promueva el uso de productos reutilizables, y el 85% sostuvo que se los debería incluir en la distribución gratuita de productos de gestión menstrual por parte del Estado.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y el presidente de Corredores Viales S.A., Gonzalo Atanasof, acordaron llevar adelante una serie de acciones que apunten a la disminución de los siniestros en las rutas y autopistas en la Provincia.
Se trata de una propuesta que apunta a generar políticas públicas en materia de seguridad vial que contribuyan a la disminución de estos hechos de tránsito, acciones de control y fiscalización en las trazas y actividades de formación y capacitación en la materia.
“Bajar los siniestros viales tiene que ver con un trabajo de concientización, con la responsabilidad ciudadana, y también con que las rutas sean cada vez más seguras. Todos somos parte de la solución, por lo que el trabajo que iniciaremos con Corredores Viales tiene una importancia central en ese sentido”, sostuvo Lorenzino.
En esa línea, el Defensor del Pueblo indicó que “desde la Defensoría vamos a armar un ámbito de trabajo permanente para generar un ida y vuelta entre víctimas, organizaciones y funcionarios nacionales para abordar esta problemática”.
Por su parte, Atanasof indicó que “lograr la disminución de víctimas fatales en nuestras rutas es un compromiso que todos debemos asumir y aportar nuestro grano de arena. Nosotros como empresa estatal que administra casi 2000 kilómetros de rutas en territorio bonaerense, estamos recuperando y poniendo en valor todos esos tramos viales para hacerlos más seguros. De los 10 tramos que asumimos la responsabilidad de administrar, 7 se encuentran en Buenos Aires. Por eso, para nosotros este tipo de cooperaciones tienen un valor muy grande”.
“Es un trabajo arduo y constante, pero es el aporte que la empresa está haciendo a la reconstrucción argentina”, completó Atanasof. Y agradeció “el compromiso del Defensor Guido Lorenzino, así como el de las asociaciones civiles que, además de  llevar adelante una encomiable labor, nos acompañan hoy con esta tarea”, puntualizó.
Corredores Viales es una empresa estatal, con capital accionario del Ministerio de Obras Públicas y de Vialidad Nacional, que tiene la concesión de 6 mil kilómetros de rutas y autopistas en todo el país, de ellas 2 mil kilómetros recorren la provincia de Buenos Aires, atravesando 25 municipios del interior y Ezeiza en el Gran Buenos Aires.  
El anuncio de la Defensoría y Corredores Viales fue acompañado por las organizaciones no gubernamentales Luchemos por la Vida, Madres del Dolor y Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables (ACTIVVAS).

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, recibió a los consejeros escolares bonaerenses para analizar la difícil situación en la que se encuentra la infraestructura escolar, debido a que la dirección de Escuelas de la Provincia no cumple con los pagos destinados a las obras de emergencia.

En la reunión, los consejeros pidieron la intervención de Guido Lorenzino, y marcaron que el Gobierno de la Provincia cortó los subsidios destinados al mantenimiento preventivo de infraestructura edilicia.

Los consejeros que integran la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas, explicaron que «después de la tragedia de Moreno donde lamentablemente fallecieron dos docentes por una falla en la conexión de gas, la dirección de escuelas se había comprometido a la entrega de subsidios para ir resolviendo las emergencias más urgentes relacionadas con las instalaciones de gas y electricidad».

El problema central tiene que ver con que la dirección de Educación se había comprometido a entregar los subsidios en dos partes, un 50% al momento de la aprobación, otro 50% luego de haber rendido el 70% de la primera parte.

«Hoy la Provincia nos adeuda el segundo 50% de los subsidios destinados para las obras de emergencia y los consejos no tenemos los fondos para hacernos cargo. El pago tarda diez meses y empezamos a tener problemas con los proveedores», detallaron.

Lorenzino dijo que le pedirá al gobierno de María Eugenia Vidal que habilite la segunda parte de los fondos para la emergencia y marcó que está en juego «la seguridad de los chicos, la de los docentes y la de miles de familias bonaerenses que confían en la educación pública».

«La Defensoría va a iniciar diálogos con las autoridades de la dirección de educación para destrabar los fondos destinados a la emergencia educativa», indicó.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le pidió explicaciones al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, por los usuarios de la tarifa social. “Le pedimos al ministerio de Infraestructura que informe los canales de comunicación disponibles que tienen los vecinos de la Provincia para inscribirse en la tarifa social”, indicó.

Ante las denuncias de los usuarios que no pueden tramitar más la tarifa social por la web de la secretaria de Energía de la Nación, el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, le pidió al ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, que informe cuáles son los canales disponibles de los vecinos bonaerenses para acceder a este beneficio.

“Le pedimos a Infraestructura que nos informe que organismo se va a encargar de inscribir a los usuarios que tienen que tramitar la tarifa social, los canales disponibles para realizar el trámite, y que comuniquen de manera clara los requisitos para acceder al beneficio”, resumió Lorenzino.

En esta línea, el titular del organismo bonaerense marcó que “en un contexto de crisis económica y aumento indiscriminados de los servicios públicos, el gobierno debe agilizar los canales de comunicación para que los ciudadanos más vulnerables accedan a la tarifa social. En este caso, hicieron todo lo contrario”.

“La política tarifaria del gobierno nacional sigue golpeando a los más vulnerables”, concluyó Lorenzino.

Alternativas para esquivar la crisis

Se trata del plan “Ahora Emprende”, ideado e impulsado por la diputada provincial María Fernanda Bevilacqua. Brinda capacitación y apoyo para que  emprendedores puedan llevar a cabo sus proyectos, para lo cual se diseñó un manual específico. Se puso marcha en el sur bonaerense y la intención es extender el programa a otras zonas de la Provincia, en momentos en que se registran indicadores negativos en varias de las actividades económicas que predominan en diferentes regiones del interior. Algunas cifras oficiales, dadas conocer recientemente por la Dirección de Estadística de Buenos Aires, hablan por sí solas.

A través de “Ahora Emprende” se brinda asesoramiento, motivación, seguimiento y capacitación de emprendimientos.  La iniciativa cuenta actualmente con 513 inscriptos, 307 ideas de negocio y 281 emprendimientos en marcha. El perfil emprendedor son jóvenes y en su mayoría mujeres.

“Si bien se espera una cosecha muy importante para el año que viene, la crisis está impactando con mucha fuerza en las economías regionales que depende de la actividad agropecuaria, que como se sabe es muy sensible a los factores climáticos, al tipo de cambio y a las variaciones de precios en los mercados internacionales. Por ello, se hace indispensable que se propicien mecanismos que diversifiquen la producción. Estamos convencidos de que los emprendedores pueden constituirse en una importante fuente de crecimiento económico y social.  Sus ideas generan riqueza y pueden traducirse en nuevos puestos de trabajo genuinos, mejor calidad de vida y mejor posicionamiento de  los distritos en la Provincia y en la Nación”, explicó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, quien mantuvo un encuentro con la diputada Bevilacqua para interiorizarse sobre las características del programa.

La legisladora Bevilacqua destacó que “el programa promueve el desarrollo y la producción local, capacitando y asesorando para potenciar el crecimiento de sus negocios. Asimismo, remarcó que se busca impulsar a potenciales emprendedores a llevar a cabo sus ideas y ejecutar sus proyectos, para lo cual se vienen organizado clínicas, donde se brindan herramientas útiles para enfrentar negociaciones y obstáculos. Las clínicas se vienen desarrollando en los municipios de Coronel Rosales, Saavedra, Bahía Blanca, Villarino, Monte Hermoso y Tornquist”.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo bonaerense emitió una resolución donde se destaca “la satisfacción” del organismo por la puesta en marcha de “Ahora Emprende” y la difusión del “Manual de Emprendedores”, que se ha constituido en una guía esencial para cientos de jóvenes que buscan hacer realidad sus proyectos innovadores.

“Asumimos el compromiso de trabajar conjuntamente y actuar como multiplicador del programa en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Martello.

AySA aplicará incrementos superiores al 48% en 2019

Así lo afirmó el defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, durante su exposición en la audiencia pública que se realizó en Tecnópolis. Expuso indicadores que reflejan el fracaso del esquema tarifario aplicado por la empresa estatal, afirmó que el aumento real que sufrirán los usuarios en 2019 es superior a lo que dice la compañía en su propuesta y cuestionó la política de no avanzar en la instalación de medidores de forma tal que “paguen más aquellos sectores sociales con mayor poder adquisitivo y que más consumen”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense no solamente rechazó el aumento propuesto por AySA, sino también dejó constancia de las reservas del organismo de iniciar las acciones   judiciales que se estime corresponder.

“La propuesta habla de un aumento del coeficente K, que fija una parte del valor de las tarifas, de un 44%, pero al analizar los números concretos de las distintas categorías aparece que el incremento real será de 48,5%, sumando más de 630% en los últimos dos años. El incremento de la inversión fue mucho menos, de apenas 172%”, explicó Martello.

En ese contexto, el Defensor del Pueblo Adjunto advirtió que “las cuentas incobrables sumaron más de $510 millones a fines de 2017, 56% más que un año antes. La incobrabilidad en 2018 podría ser aún más alta si se tiene en cuenta lo registrado en la ejecución presupuestaria del primer bimestre de este año que, llamativamente, es la última que fue difundida por el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS). Creemos que la nueva propuesta de AySA, en lugar de generar los recursos que se requieren para hacer inversiones y mantenimiento, provocará una mayor cantidad de usuarios dejarán de pagar la boleta, como ya viene ocurriendo”, agregó Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto también expuso que “en la ejecución presupuestaria de AySA, también aparecen algunos gastos llamativos, como por ejemplo el sideral aumento de las erogaciones en publicidad y propaganda, que en 2017 sumaron más de $86 millones, un 71% más que el año anterior. Con este dinero se podría ampliar el beneficio la Tarifa Social (TS) e incluir a 33 mil nuevos beneficiarios”.

Gastos en publicidad y propaganda

–2016: $50.582.390

-2017: $86.708.812

Diferencia: + 71,42%

El gasto en publicidad de la empresa $86.708.812 equivale a 33.000 beneficiarios de Tarifa Social (TS)

Hasta ahora, la TS se sostiene con recursos de la empresa AySA. En la audiencia pública de abril, la compañía había planteado que debido a la falta de financiamiento del programa con recursos del Tesoro Nacional se requería realizar un replanteo sobre el alcance del mismo hacia el futuro. En tanto, en la propuesta actual se busca instrumentar un esquema en que los aportes provengan del financiamiento de los tesoros de los respectivos gobiernos jurisdiccionales, y no de los mismos usuarios del servicio. Por ello, en el proyecto de presupuesto 2019 de la provincia de Buenos Aires, más precisamente el artículo 100, se fijó la suma de hasta $742 millones para atender el pago de compensaciones en concepto de tarifa social, con destino a AySA.

“Esta propuesta de la empresa constituye una medida absolutamente regresiva ya que transferir la responsabilidad del pago de la tarifa social al Estado bonaerense significa que se utilizarán recursos que aportan las personas que, en muchos casos, ni siquiera acceden al servicio de agua potable y cloaca”, explicó Martello. Y expuso que, al analizar la distribución de la TS, surge que Capital Federal y el norte del Gran Buenos Aires -donde están radicados los sectores sociales de mayor poder adquisitivo del país- concentran el 54% de los beneficiarios. Ello se debe a que, en las otras zonas, gran parte de la población ni siquiera tiene acceso a la red de agua y cloacas, por lo cual no reciben el mencionado beneficio.

“Para alcanzar el criterio de asequibilidad del derecho humano al agua, así como por justicia social, es necesario hacer subsidios cruzados, aumentar el costo de los servicios de agua a los decíles más altos que son los de mayores ingresos para subsidiar a los decíles más bajos, y además replantear la tarifa del servicio de agua a los decíles medios”, agregó el Defensor del Pueblo Adjunto.

Martello remarcó la necesidad de avanzar con la instalación de medidores, para que cada usuario pague por lo que efectivamente produce. “Si tenemos en cuenta la cantidad de medidores que viene instalando AySA, se tardará 31 años en llegar a todos los usuarios del servicio no medido. Actualmente, solo el 11% de los usuarios tiene medidor”, añadió.

El Defensor del Pueblo Adjunto concluyó: “Una tarifa de agua justa, permite discriminar por niveles de ingresos, por zonas dentro de la ciudad, por giro o actividad económica, y en casos especiales permite apoyar a las personas de la tercera edad o a los discapacitados, convirtiéndose en una herramienta fundamental de la justicia social».

Una encuesta de la Defensoría mostró el alcance de esta realidad en la Provincia.

Vasos de whisky a 36 pesos, envases para coleccionar, encendedores USB a precios de promocionales, juegos on line que incluyen “megacápsulas” que profundizan el efecto refrescante de los cigarrillos saborizados y packs “elegantes y femeninos”, de clara tendencia sexista,  con tecnología que disminuye el olor a humo. A ello se suma patrocinios de recitales y festivales gastronómicos. Estas son solo algunas de las estrategias de las tabacaleras relevadas por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Walter Martello, que motivaron la decisión de presentar un reclamo administrativo para que intervenga de forma urgente la secretaria de Salud de la Nación.

Además, desde el Observatorio se requerirá que se expidan las autoridades del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). “La campaña de Virginia Slims fomenta, en particular, el ejercicio de la violencia simbólica contra las mujeres, a partir de las definiciones presentes en la Ley N.° 26.485 que obliga encarar este tipo de situaciones con un paradigma de derechos humanos. Esta publicidad  resulta cosificante, discriminatoria y estereotipante con relación al género femenino”, dijo Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto advirtió que con estas estrategias se estaría violando el artículo 5 de ley nacional de control de tabaco 26.687, y el decreto reglamentario, que establece: “Prohíbese la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación”. 

Las mencionadas estrategias y promocionas también serían contrarias a la ley 13894 de la provincia de Buenos Aires, específicamente los artículos 20 y 21 que establecen la prohibición de la publicidad en la vía pública y en todo espacio público, estática y dinámica, o bajo cualquier otra modalidad, de productos elaborados con tabaco, y el uso de marcas registradas, nombres o razón social del fabricante. En ese sentido, la norma bonaerense estipula que la publicidad de esos productos sólo puede realizarse en el interior de los lugares de venta de los mismos, y en publicaciones técnicas destinadas exclusivamente a personas y/o instituciones vinculadas directamente con la industria del tabaco. 

A su vez, la norma de la Provincia también prohíbe realizar auspicios y patrocinios de todo tipo de actividad o eventos deportivos, recreativos y culturales; así como publicitar cigarrillos en el interior de espacios destinados a actividades deportivas, recreativas y culturales.

El pedido de la Defensoría del Pueblo se suma una presentación similar realizada en febrero de este año por parte de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC-Argentina), que aún no fue respondida por las autoridades sanitarias en momentos en que las tabacaleras vienen expandiendo sus estrategias publicitarias.

Cabe destacar que en un reciente informe sobre la Argentina, los integrantes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas “expresaron su preocupación por el impacto negativo sobre la salud del alto consumo de tabaco, el nivel insuficiente de los impuestos sobre el tabaco y la precaria regulación sobre las campañas de publicidad”. En ese sentido, desde el Comité recomendaron  adoptar medidas de prevención, en especial la prohibición de la publicidad, el aumento del impuesto a un nivel suficiente para tener un efecto de disuasión el consumo y la adopción de medidas de información sobre el impacto negativo en la salud, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes. El Comité, además, instó al Estado argentino a ratificar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó esta idea de la Nación. “Sin enviar recursos, el gobierno de Mauricio Macri quiere que  la Provincia, los municipios o lo usuarios se hagan cargo de las políticas deficientes en servicios públicos”, indicó.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rechazó la postura del gobierno nacional de buscar que la Provincia, los municipios o los usuarios tengan que hacerse cargo del subsidio al transporte público automotor, que asciende a más de 25 mil millones de pesos.

“Poniendo como excusa la reducción del déficit fiscal, la Nación pretende que sean otros los que tengan que hacerse cargo de sus falencias administrativas respecto a los servicios públicos. Nos oponemos a que sin dar los recursos correspondientes la administración de Mauricio Macri quiera transferir más de 25 mil millones de pesos que le corresponde pagar”, expresó Lorenzino.

Según datos del Ministerio de Transporte, y haciendo una proyección anual, la compensación total que hoy paga la Nación en la Provincia, entre subsidios a las tarifas y al gas oil, asciende a 25.420.416.675 pesos.

“Si bien no hay precisiones respecto al monto total que implicaría esta transferencia de gastos, si las provincias o los municipios pueden hacerse cargo, o si se pretende que sea el usuario el que vía tarifas absorba dicho cambio, estamos frente a una decisión que pondría a las arcas locales o la economía de los ciudadanos en una situación cada vez más precaria”, indicó Lorenzino.

En esa línea, el Defensor del Pueblo expresó que “para mejorar la política de transporte, para que haya mayor vinculación y seguridad, es imprescindible una coordinación permanente entre los estados nacional, provinciales y municipales; querer romper con este equilibrio sólo generará que los usuarios sean todavía más perjudicados al usar el servicio”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un estudio que demuestra que la mayoría de los conductores apoyan la aplicación de una ley de alcohol cero, en un contexto de reclamos ante la falta de controles policiales para evitar que se produzcan siniestros viales producto del consumo excesivo de bebidas.

“Se trata de una encuesta que muestra una clara postura ante una problemática que parece muy difícil de solucionar, como es la de los peligros relacionados a la gente que maneja luego de tomar más alcohol del permitido. Además, sirve para proyectar un pedido para que las autoridades tomen cartas en el asunto y sumen más controles”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

El informe indica que casi el 80% aprueba que se aplique el alcohol cero. De estos, un 37,9% cree que de esta forma pueden disminuir los siniestros, y un 46,4% considera que esta propuesta tendría éxito sólo si se controla su aplicación.

A su vez, un 74% consideró la posibilidad de que se introduzca un sistema de puntos para los conductores que, en el caso de que se cometan infracciones, se le resten unidades y se le apliquen penalidades (muy de acuerdo el 46,8% y de acuerdo el 27%).

Cuando se preguntó cuán a menudo encuentran los controles de alcoholemia, el 54,9 de los conductores aseguró no verlos nunca y un 25,2% casi nunca. En tanto, casi el 67% consideró que estos puestos están orientados a recaudar y no a mejorar la seguridad vial.

Los conductores y las leyes

El trabajo de la Defensoría también profundizó sobre el conocimiento que tienen los conductores sobre las normas relacionadas que penalizan la ingesta de bebidas alcohólicas. La mayoría sabe qué cantidad de copas de vino o de cerveza a partir de la cual el test da positivo e, incluso, conocen la penalidad que les cabe en caso de que esto suceda.

Además, al consultar el comportamiento que tienen cuando toman alcohol, el 71,6 manifestó que si conducen no beben nunca; el 26,6% expresó que controlan la cantidad de alcohol que beben previamente; y el 1,3% indicó que no controlan demasiado la cantidad de alcohol que beben.

La encuesta, a su vez, diferenció las respuestas entre géneros y edades. Como rasgos sobresalientes, se observó que las mujeres son las más precavidas al volante y que los jóvenes son los que mayor cantidad de respuestas correctas obtuvieron al hablar de la cantidad de alcohol permitida y el tiempo que tienen que dejar pasar para volver a manejar en el caso de que hayan bebido.

“Campañas efectivas”

“Debemos comprometernos de verdad. Los siniestros viales son un drama que golpean a diario y la mayoría de ellos podrían evitarse. Hay que hacer campañas basadas en la educación vial, el respeto a las normas y al otro, y controles que sirvan para evitar que siga reproduciéndose esta dura realidad”, sostuvo Lorenzino.

En ese sentido, agregó que “la Defensoría buscará colaborar con los municipios para que lleven adelante acciones efectivas que muestren la realidad del problema y que fortalezcan los controles para evitar que sigan perdiéndose tantas vidas por culpa del manejo irresponsable”.

Porque “no tiene en cuenta los problemas de la población y vuelve a castigar el bolsillo de trabajadores, que ya no pueden pagar los servicios básicos de luz, gas y agua”.

Así surge de un estudio realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello. La investigación también arrojó que el 51% de los usuarios consultados juega entre dos y tres horas diarias. Alertan por la proliferación de conductas adictivas y por el impacto del videojuego “Fornite” en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes

El estudio se hizo en base a un trabajo de campo que se desarrolló entre el 30 de julio y el 3 agosto. Se realizaron unas 273 entrevistas presenciales con cuestionario y respuestas online. Participaron mujeres y hombres de entre 12 y 45 años.

“Nos encontramos con que el 47% de los entrevistados reconoció que dejó de hacer distintas actividades para dedicarle más tiempo a los videojuegos”, explicó Martello. Y advirtió que el 17% de los consultados definió como “un vicio” el vínculo que mantienen con distintas plataformas: consolas, tablet, smartphone, notebooks y computadoras de escritorio.

La investigación no solamente permitió obtener datos cuantitativos, sino también testimonios que sirvieron para indagar cualitativamente acerca de cómo influyen los videojuegos en la vida cotidiana. Algunos de los testimonios hablan por sí solos:

• «La Play es mi psicólogo, no pienso en nada y me desenchufo de los problemas” – Eduardo (40 años)

• “Tuve que controlar las horas que pasaba frente a la play, se me fue de las manos» – Marina (30 años)

• “Por la play discutía mucho con mi novia, ya no me aguantaba más” – Juan (22 años)

• “Me re cuelgo, siempre llego tarde al trabajo. Es un vicio. Juego 6 horas todos los días de la semana y cuando podemos hacemos una jornada de toda la noche» – Jony (26 años)

La investigación del Observatorio se produce en momentos donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la adicción a los videojuegos dentro del listado de desórdenes mentales, en una categoría que está al mismo nivel que la acción de apostar compulsivamente (ludopatía). La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), que elabora la OMS, es un instrumento fundamental para identificar tendencias y estadísticas de salud en todo el mundo. Es utilizada por las aseguradoras médicas cuyos reembolsos dependen de la codificación de la CIE, por los administradores de los programas nacionales de salud, por los especialistas en recopilación de datos, y hasta por funcionarios que determinan la designación de los recursos sanitarios.

“Por estos días, nos está generando mucha preocupación el impacto que están teniendo juegos como el Fortnite en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Se trata de un juego de fácil descarga, que se caracteriza por no tener fin y que en poco tiempo más va a estar disponible para el sistema Android. Es decir, se podrá jugar a través de los celulares y tendrán acceso  los usuarios del sistema operativo de Google. En distintos establecimientos educativos, donde venimos realizando talleres, docentes nos han comentado de casos de alumnos que han bajado su rendimiento escolar porque van a clases prácticamente sin dormir producto de que se quedan jugando hasta la madrugada”, afirmó Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia destacó que, a diferencia de lo que ocurre en otros países como España, “la Argentina tiene una legislación poco abarcativa, desactualizada y totalmente insuficiente” en lo que se refiere a la regulación de videojuegos. Por ello, desde el Observatorio de Adicciones se elaboró una guía informativa sobre consumo responsable, acompañada de un informe con una serie de propuestas. A saber:

Ø  Incluir la adicción a los videojuegos en el Plan Estratégico Participativo Integral de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Buenos Aires

Ø   Revisar el sistema de Atención de las Adicciones (SAA) en la Provincia establecido por la ley 13.595 bajo esta nueva problemática.

Ø  Modificar la Ley 10670, la cual estableció dentro del sistema educativo bonaerense programas destinados a la prevención primaria de enfermedades psicosociales tales como alcoholismo, drogadicción, tabaquismo y violencia. Es necesario incluir un programa de prevención y capacitación vinculado con el uso indebido de videojuegos.

Ø  Incorporar específicamente en la Cartilla de Prestaciones del IOMA la adicción a los videojuegos y por otro lado incluir esta patología, de manera simultánea, dentro del Programa Adolescentes de dicha institución.

Desde el Observatorio de Adicciones y Consumos problemáticos también se elaboró una guía sobre consumo responsable de videojuegos. Asimismo, con el objetivo de delinear posibles líneas acción vinculadas con la prevención, la concientización y el desarrollo de tratamientos específicos, Martello mantuvo un encuentro la semana pasada con los legisladores Marcelo Pacífico y Ana Laura Geloso, quienes presiden las comisiones de Seguridad y de Adicciones del Senado bonaerense respectivamente.

“Compartimos la necesidad de una nueva legislación que otorgue mayor protección a niños, niñas y adolescentes ante los delitos informáticos”

Así lo aseguró el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, quien fue invitado a la presentación del proyecto del jefe del bloque de senadores provinciales de Cambiemos, Roberto Costa, que propone la creación  de un Observatorio de Políticas Digitales. Se trata de una iniciativa que tendrá como labor asesorar y contribuir al desarrollo de una legislación que garantice la seguridad del ciberespacio y la protección de los datos personales en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, Martello remarcó la importancia de la propuesta elaborada por el senador Costa ya que se busca avanzar en un nuevo marco normativo que contenga instrumentos jurídicos eficaces para hacer frente a delitos informáticos como el ciberacoso y el robo de identidad.

El acto, que formó parte de la jornada “Niños y Adolescencia en el ciberespacio: riesgos y prevención”, se llevó a cabo en el salón Eva Perón del Anexo del Senado. Participó el vicegobernador Daniel Salvador; la exsenadora provincial Malena Baro; y el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores.

“Tenemos que adaptar el marco normativo existente a los nuevos tiempos. Las nuevas leyes tienen que contemplar una protección especial que resguarde los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y más en un contexto donde vemos que las redes sociales están dejando cada vez más expuestos a miles y miles de NNyA, favoreciendo a su vez la proliferación de algunas modalidades delictivas detrás de las cuales pueden esconderse manipuladores, pederestas y psicópatas”.

En la jornada se explicaron las características de algunos de los riesgos más importantes del ciberespacio:

• Ciberbullyng: discriminación u hostigamiento hacia uno o varios NNyA, a través de las redes sociales, mails o servicios de mensajería (whatsapp) por parte de otros usuarios.
• Grooming: acercamiento de personas adultas a NNyA para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar sexualmente de ellos/as
• Sexting: enviar, recibir y reenviar mensajes sexuales entendidos como eróticos o pornográficos, principalmente a través de dispositivos móviles. Puede incluir el uso de computadora o cualquier otro dispositivo digital.

También se difundieron indicadores preocupantes. Según una encuesta de Unicef, en la Argentina, 8 de cada 10 NNyA han vivido hechos perturbadores en la red. El 37% señaló que accedió a contenidos pornográficos, el 20% ha sido víctima de bullying, el 13% ha visto contenidos discriminatorios y 5% vio fotos de chicos/as enfermos o muertos.

Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría del Pueblo bonaerense, puso como ejemplo la importancia de iniciativas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (RPGD), normativa que entró en vigencia en 2016 y que partir de mayo de este año es de cumplimiento obligatorio en los países que forman parte de la Unión Europea.

El RGPD toma como punto de partida el hecho incontestable de que los datos personales de los/as NNyA requieren una “protección específica”. Esto se debe a que “pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales…” (Considerando 38, RPPD).

El reglamento señala otros puntos a destacar:

1)        Los/as NNyA ‘”son personas (especialmente) vulnerables”

2)        La información dirigida a ‘NNyA”’ debe ofrecerse en un lenguaje claro y fácil de entender

3)        El tratamiento de datos personales de NNyA puede requerir la práctica de una Evaluación de Impacto relativa a la protección de datos (‘EIPD’)

4)        Varía la edad en que niños/as pueden prestar el consentimiento para el tratamiento de sus datos

5)     Cuando es el representante legal del NNyA quien consiente, el responsable del tratamiento tendrá la “carga” de demostrar ha hecho ‘esfuerzos razonables y ‘teniendo en cuenta la tecnología disponible para verificar ha sido así

6)        Se introducen como contenido específico de los “Códigos de Conducta” previsiones referidas a los/as los/as NNyA

7)        La promoción de la sensibilización y comprensión de riesgos en materia de privacidad y, en especial, actividades dirigidas a NNyA, se contempla como una nueva función de las autoridades de control