El gobierno de Javier Milei avanzó con su plan de transferir al sector privado el control de una extensa red de rutas nacionales, en medio de un escenario de creciente deterioro de la infraestructura vial y una fuerte reducción de los recursos destinados a su mantenimiento. A través del Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo incorporó 27 corredores al proyecto denominado «Red Federal de Concesiones».

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la Secretaría de Transporte deberá realizar los estudios correspondientes y convocar, en un plazo máximo de 12 meses, a licitaciones públicas nacionales e internacionales.

El objetivo es entregar a empresas privadas la construcción, reparación, conservación, mantenimiento y explotación de los tramos incluidos, bajo el régimen de la Ley 17.520. El esquema contempla que las concesionarias puedan cobrar peajes por la utilización de esas rutas.

Entre los corredores alcanzados aparecen rutas nacionales que atraviesan Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Chubut, Salta, Entre Ríos y Neuquén, además de distintos trazados compartidos entre provincias.

En territorio bonaerense, la nómina incluye las rutas nacionales 33 y 228, además de la A0017 y tramos compartidos de las rutas 3, 22 y 35. También aparecen corredores estratégicos como las rutas 9, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 34, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158 y 237.

El ajuste y el deterioro de las rutas

La decisión del Gobierno nacional se conoce en medio de fuertes cuestionamientos por el desplome de la inversión pública en infraestructura vial. Según datos procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el gasto ejecutado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) registró una caída del 80 por ciento en términos reales entre 2023 y 2026.

En el caso de Vialidad Nacional, los fondos asignados pasaron de 2.700 millones de dólares en 2023 a menos de 800 millones de dólares en los ejercicios posteriores, de acuerdo con los datos citados.

Las consecuencias también se reflejan en el estado de los caminos. Estimaciones del Instituto Argentina Grande (IAG) indican que apenas el 42,4 por ciento de las rutas nacionales se encuentra en buen estado, mientras que el 31,8 por ciento está en malas condiciones y el 25,8 por ciento presenta un estado regular.

A su vez, un relevamiento de Focus Market y la cámara de transportistas PAETAC identificó 37 tramos severamente dañados sobre un total de 4.625 kilómetros. Entre los sectores más comprometidos se registraron demoras de hasta cuatro horas y ocho minutos en determinados tramos de la Ruta Nacional 40, en Santa Cruz, y complicaciones en la Ruta Nacional 151, entre La Pampa y Río Negro.

Fondos de los combustibles y reclamos provinciales

Otro de los puntos cuestionados es el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Según los datos consignados, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron 1,5 billones de pesos al Sistema de Infraestructura del Transporte (Sisvial), pero solamente el 26,2 por ciento, equivalente a 394.406 millones de pesos, se destinó a obras en las calzadas.

El 73,8 por ciento restante, más de 1,1 billones de pesos, quedó retenido por el Ministerio de Economía y fue colocado en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos, LECAP y BONCAP.

Ante la falta de tareas de conservación por parte de Nación, distintas provincias debieron intervenir con recursos propios para evitar que el deterioro de los caminos interrumpiera la circulación. En Formosa, por ejemplo, la Dirección Provincial de Vialidad desplegó cuadrillas sobre corredores nacionales como la Ruta 86, luego de una caída del 77 por ciento en los recursos viales nacionales entre 2023 y 2025.

En Entre Ríos, la situación también derivó en una presentación judicial impulsada por los legisladores Marianela Marclay, Adán Bahl y Guillermo Michel. El juzgado federal de Victoria intimó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional a responder en un plazo de tres días hábiles por la paralización de los giros.

Mientras el Gobierno avanza con el traspaso de corredores al sector privado, la Cámara Argentina de la Construcción advirtió sobre el costo que tendrá recuperar la infraestructura abandonada. Según las estimaciones de la entidad, la falta de mantenimiento regular podría elevar a unos 23.000 millones de dólares el costo futuro de recuperación de las rutas nacionales.