El Tribunal de Cuentas bonaerense, presidido por Federico Thea, difundió los fallos del ejercicio 2023 y dejó al descubierto un mapa de desprolijidades, sanciones y multas que golpea a varios intendentes. Entre ellos, Villa Gesell volvió a ubicarse en un lugar incómodo, el de los municipios con mayor cantidad de observaciones y con penalidades significativas para sus funcionarios.
Lejos de la prolijidad que debería caracterizar a una administración local, el organismo describió un cuadro de irregularidades reiteradas. El fallo subraya un exceso en la ocupación de cargos —29 nombramientos cuando el Concejo Deliberante solo había autorizado 25—, una práctica que viola el marco legal y profundiza el déficit estructural del distrito.
A esto se suma una falta de control en contrataciones de obras, bienes y servicios: ausencia de Actas de Inicio, falta de constancias de garantías, inconsistencias en expedientes y una vulneración sistemática de la concordancia financiera, con gastos ejecutados sin respaldo en las fuentes correspondientes. También se detectaron diferencias de saldos en el Sistema de Bienes Físicos, otro síntoma de administración opaca y débil.
Por la acumulación de fallas, el Tribunal impuso una multa de $1.100.000 al intendente Gustavo Barrera, una de las más elevadas entre los jefes comunales sancionados. La contadora municipal Nancy Pavón recibió una multa de $900.000, el secretario de Hacienda Víctor Ciríaco fue sancionado con $800.000 y el secretario de Turismo Marcelo Iglesias con $100.000.
El informe provincial no solo señala desprolijidad: advierte sobre la ausencia de controles internos, decisiones administrativas fuera de norma y un manejo económico que profundiza los déficits locales. Para Villa Gesell, donde el debate sobre transparencia y eficiencia del gasto público es permanente, el fallo funciona como un nuevo llamado de atención —uno más— sobre una gestión que el Tribunal considera desordenada y sin los estándares mínimos de control.
