La coordinadora de La Libertad Avanza Dolores presentó denuncias formales para frenar la licitación del sistema de tránsito local, al advertir que el municipio busca otorgar a una sola empresa privada el poder absoluto de sacar la foto, armar el acta, juzgar y cobrar las multas durante los próximos 15 años.
Las presentaciones se realizaron ante el Ministerio de Transporte, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la propia Municipalidad de Dolores. «No estamos en contra de que trabaje una empresa privada. Estamos en contra de que un solo privado tenga el poder de multarte, juzgarte y cobrarte al mismo tiempo, con reglas que parecen escritas para que gane uno solo».
La licitación contiene cláusulas sumamente excluyentes que direccionan el proceso. El requisito más polémico exige que las empresas participantes sean estrictamente las fabricantes de los radares, una condición inusual que deja afuera a casi todos los competidores del país y reduce las opciones a solo dos o tres firmas.A esta restricción técnica se suma un sistema de evaluación que anula la competencia económica: el precio que se le cobra al municipio apenas vale 15 puntos de un total de 100. Los 85 puntos restantes se definen bajo criterios subjetivos de «experiencia» y «propuesta técnica», evaluados por los mismos sectores involucrados en el armado del pliego.
Finalmente, la denuncia hace hincapié en el conflicto de intereses que genera el sistema de pago, ya que la empresa ganadora percibirá un porcentaje directo de lo recaudado. Al ligar sus ganancias a la cantidad de infracciones cometidas, el sistema se transforma en un mecanismo puramente recaudatorio en lugar de promover la seguridad vial. «Las multas no pueden ser un negocio. Vamos a seguir cada paso de este expediente».
Milena Suarez
